
Inicia la Escuela de Escazú para fortalecer la defensa ambiental y comunitaria en América Latina
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La IBERO Puebla, el Observatorio Ciudadano Comunitario del Agua y Medio Ambiente de los Valles Centrales de Oaxaca (OCCAMA) y ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica inauguraron esta semana la Escuela de Escazú: Herramientas para la Aplicación Ciudadana y Comunitaria del Acuerdo de Escazú.
Más de 50 participantes de diferentes estados de México y de países como Chile, Perú y El Salvador —entre ellos, personas defensoras de derechos humanos, de la academia, de la sociedad civil y del servicio público—, se formarán en 15 sesiones de trabajo en torno a este tratado internacional pionero en la protección del medioambiente y de quienes lo defienden.
De acuerdo con Alas y Raíces, entre diciembre de 2018 y octubre de 2024 fueron asesinadas 225 personas defensoras en México: 94 de ellas por su labor en la defensa de la tierra, el territorio y un medioambiente sano. Estas cifras ubican a nuestro país como uno de los más peligrosos de la región para la defensa ambiental.
En un país como México, donde confluyen altos niveles de conflictividad socioambiental, megaproyectos de infraestructura y extractivismo, así como un grave riesgo para quienes defienden la tierra y el territorio, resulta urgente fortalecer la aplicación del Acuerdo de Escazú.

Este tratado no solo establece obligaciones estatales en materia de acceso a la información, participación pública y justicia ambiental, sino que también representa una herramienta clave para garantizar la seguridad y la voz de comunidades y personas defensoras en la toma de decisiones que afectan sus territorios y el medioambiente.
La Escuela de Escazú busca responder a este contexto brindando herramientas prácticas y accesibles para aplicar el tratado en la defensa de los derechos ambientales, con un enfoque de derechos humanos, interculturalidad y género.
Las instancias que impulsan este espacio formativo consideran fundamental la sinergia entre las y los defensores de la tierra y el territorio con las organizaciones de la sociedad civil y entidades académicas como condición necesaria para el cuidado de la casa común y la preservación de la vida.